Nóos se cobra otra pieza: Imputada la infanta Cristina

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Confirmamos que la institución monárquica vive su particular lustro negro, con la imputación de la infanta Cristina en el presunto caso de corrupción del Instituto Noos, derivado del caso Palma Arena, en el que están imputados, entre otros, Iñaki Urdangarin, a los que se les atribuye delitos de malversación, fraude, prevaricación, flasedad y blanqueo de capitales. Se estima que ganaron seis millones de euros, gracias a contratos asignados a dedo, de administraciones de Baleares y Comunidad Valenciana, y que buena parte de ese dinero acabó en empresas a nombre del Duque de Palma y su esposa.

El proceso, en fase de instrucción, investiga actividades realizadas a partir de la constitución de la fundación, sin ánimo de lucro, y de una red societaria de empresas asociadas a Nóos, de las que el Rey Juan Carlos habría tenido indicios de sospecha. No se entiende, de otra forma, la recomendación para que su yerno cesara sus actividades, consejo que fue de la mano de una oferta profesional en Washington, gracias a Telefónica, ciudad a la que se desplazó con su familia en 2007 y por la que cobró, bonus aparte, 300.000 euros anuales.

El juez Castro, instructor de la causa, imputa a la infanta y la cita a declarar el próximo 27 de abril. En el auto se apunta a su necesario conocimiento de las actividades de la empresa de su marido, como vocal de Nóos, sobre todo tras la comunicación que el Rey realizó cuando «recomienda, aconseja u ordena a su yerno que se abstenga de determinados comportamientos»:

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En este sentido, se menciona el uso de su posición social para favorecer negocios con empresas privadas y Administraciones Públicas y se hace referencia expresa a los correos que Diego Torres, ex socio de Urdangarin, en los que se recogen preguntas del Duque de Palma a su esposa sobre los negocios en la entidad, teóricamente sin ánimo de lucro  [ver auto completo en el siguienten enlace: http://cort.as/3ovD]:

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Horas después de conocerse la imputación de la Infanta, por primera vez en nuestra historia, se han registrado movimientos en el mundo de la judicatura. En un caso sin precedentes, que indica que, a pesar de lo que se mantenga, la justicia no es igual para todos, Fiscalía Anticorrupción recurrirá la decisión del juez de Palma de Mallorca y defenderá que los indicios señalados por el juez Castro contra la Infanta Cristina «carecen de la entidad suficiente» para apoyar su citación en calidad de imputada en la causa. Es la misma posición que adoptó esta tarde la Casa Real, que manifestó su «sorpresa» ante la situación creada

La imputación de la infanta Cristina es la guinda que faltaba a la voladura del legado de Juan Carlos I al frente de la Jefatura del Estado, que llega en plena crisis económica, política e institucional, con casos de corrupción y corruptelas salpicando a empresas, con contabilidad b, y a partidos políticos, presuntos beneficiarios de las dádivas de un régimen que hace recaer el peso de las exigencias de la UE en una clase media y media-baja empobrecida por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las decisiones gubernamentales adoptadas, sobre todo desde 2010.

Tras décadas interesadoso en difundir un relato mítico del papel de la monarquía en la Transición política, con el Rey como agente mediador entre las instituciones del Estado, al que contribuyeron gozosamente los medios de comunicación que hoy son críticos con su papel, hoy podemos hablar de una decadencia directa y de dudas sobre la sucesión en la figura del Príncipe de Asturias, principal damnificado de la situación creada por quienes, al parecer, no tuvieron suficiente con los privilegios concedidos por su nacimiento y decidieron enriquecerse con dinero público usando, para ello, su posición social.

Atrás quedan los años en los que cualquier boda de la Familia Real se vestía de cuento de hada, con deportistas de elite rubios o la presentadora del telediario de máxima audiencia, de TVE, en su papel de consorte. Ya pocos se ríen con los rasgos campechanos del Rey y muy pocos parecen estar dispuestos a pasar por alto sus arrebatos de mala educación, sus desapariciones y su agenda privada.

El origen de la decadencia juancarlista lo podemos situar en el cese de la convivencia entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar, en noviembre de 2009, un gesto insoportable en virtud de la familia católica que la institución proyecta. Su viaje a los infiernos siguió con la imputación de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, con declaración ante la justicia incluida (en febrero de 2012  y 2013), sólo tapado por la difusión del accidente del Rey en Bostsuana, con petición de disculpas públicas incluida, que puso de manifiesto su amistad entrañable con mujeres como la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein y, sobre todo, su papel de mediador en negocios internacionales sustanciosos, como el AVE que unirá Medina y La Meca, en Arabia Saudí, con comisiones multimillonarias incluidas.

A raíz de esta noticia se ha comenzado a hablar en público de lo que siempre se puso en privado: de las amistades del Rey, más o menos entrañables; de cómo se ha saltado su papel de neurtralidad institucional para defender medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno de Rajoy; y, sobre todo, de las finanzas de con Juan Carlos, que, según medios como Forbes, podría ser dueño de una fortuna que podría ascender a 1500 millones de dólares, una cifra apabullante si se tiene en cuenta que, durante años, se vendió la idea de una Familia Real austera (la más austera de Europa), la que menos cargo al erario público suponía y que llegó a España en la pobreza.

La información de El Mundo del pasado domingo, a propósito de la herencia que el Rey recibió de su padre, en forma de cuentas no declaradas en Suiza, no hace sino empezar a poner datos a rumores que llevan años circulando, a propósito del papel del Rey como conseguidor de negocios, gracias a su papel de Jefe de Estado y a la presunta aparición de su nombre entre una lista de defraudadores fiscales hallada en Lichtenstein y en la lista Falciani.

La noticia de la imputación de la Infanta Cristina ha tenido su reflejo inmediato en medios de comunicación nacionales e internacionales, con una diferencia: en España aún se habla de imputación, a secas, mientras que en medios como Le Monde o el Wall Street Journal se cita, directamente, que está inmersa en un caso de presunta corrupción:

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Politóloga y periodista en transición
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