Arranca el curso político como comenzó: nuevos hachazos a los pilares del Estado de bienestar mientras el PP y el Gobierno siguen enfangados en el caso Bárcenas, presión que tratan de eludir mediante la insistencia en una mejora de los datos económicos que indicarían, según Moncloa y altavoces, que España habría dejado atrás lo peor de la crisis económica. Curiosamente, éste ha sido también uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE, que inició el curso político con una insistencia: el PP no puede ampararse en los (buenos) datos económicos para eludir las explicaciones en torno al caso Bárcenas.
Objetivo: la anulación del ‘caso Bárcenas’
El Mundo se presentó este viernes con una portada que clarifica la oscura estrategia puesta en marcha por el PP para hacer frente a la filtración de información sobre la supuesta contabilidad de su partido, con el cobro de sobresueldos por buena parte de la cúpula y que, de confirmarse, escondería la existencia de una maquinaria de financiación ilegal sustentada por soborno que implicaría a lasa grandes empresas del país y al partido que ha gobernado en el Palacio de la Moncloa entre 1996-2004 y desde 2011.
Mientras tanto, en la esfera judicial, todo apunta a que el PP podría volver a librarse de una condena en firme, como ocurrió en el caso Naseiro, el caso de financiación ilegal de enriquecimiento personal en el que habrían estado implicados los antecesores de Bárcenas al frente de la tesorería (Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis).
El PP confirma su interés por ocultar prácticas y connivencias que apuntan a lo que se planteó desde el comienzo: el diseño de un caso de financiación ilegal en planta noble de Génova 13 durante los últimos veinte años. La semana pasada, el PP comunicó al juez Ruz, que instruye el llamado caso Bárcenas, que el partido destruyó los discos duros de los dos ordenadores que el ex tesorero tenía asignados en la sede ‘popular’ de acuerdo al protocolo habitual: se destruyen “los sistemas de almacenamiento informático en caso de equipos que hayan sido utilizados por personas que hubieran podido manejar información sensible».
Éste fue el argumento defendido por Carlos Floriano, el líder del PP que tuvo que comparecer públicamente a explicar el despropósito, y la versión asimilada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros consideró que el PP actuó como “cualquier empresa”. Una empresa muy curiosa, dado que, tal y como Génova asegura, se financia al 90% con fondos públicos.
Según el escrito remitido al juez Ruz, la decisión se tomó el 21 de abril de este año, en pleno estallido mediático del caso, después de que el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid acordara el sobreseimiento libre y archivo de la denuncia formulada por el ex tesorero por el supuesto robo de los dispositivos en cuestión. Y es precisamente esta actuación la que invalida la versión defendida desde entonces por los cuadros ‘populares’ a propósito de la existencia de un caso de enriquecimiento personal de una persona, que se encargó de las cuentas del partido durante más de 20 años antes de ser senador por Cantabria. Si el PP estaba convencido de este tesis, lo razonable era mantener las pruebas de ese supuesto enriquecimiento personal.
Sea como fuere, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió en que su partido es el que más ha colaborado con la justicia y defendió en que ha actuado de acuerdo con la ley, entregando a la justicia todo lo que tenía a su disposición. Así, insistió en la estrategia de no entrar en este punto: «El PP ya ha dicho todo lo que tenía que decir». Ahora sólo les queda conseguir eliminar el asunto de la agenda pública.
A por la rebaja de las pensiones
Tras la devaluación salarial, el Gobierno se centra ahora en la devaluación de las pensiones, uno de los puntales del acuerdo negociado por el Gobierno y la Troika durante el rescate bancario y que se encuentra recogido en el Plan nacional de reformas remitido por La Moncloa a Bruselas.
El Ministerio de Empleo ha propuesto nuevo índice para calcular la actualización de las pensiones diferente del IPC, que ya se empezará a aplicar a partir de 2014 y que se completará en 2019 con la inclusión de un factor de sostenibilidad que vincule las pensiones con la esperanza de vida y que se revisará cada cinco años.
A partir del próximo año se fijará un suelo y un techo, que tendrá en cuenta la inflación (el IPC, como en la actualidad), los ingresos y gastos del sistema cada año y los datos que aporte la Seguridad Social. De acuerdo a este nuevo modelo, la subida mínima será del 0,25% en los años de crisis económica y se fijará un máximo del IPC más 0,25% en los años de bonanza.
El cifras: El pasado mes de julio, España registró un IPC del 2.7%. De acuerdo con el nuevo sistema que plantea el Gobierno, las pensiones subirán en 2014 un 0.25% (dadas las perspectivas económicas y la quiebra del sistema de pensiones, en buena medida por la cifra de afiliados a la Seguridad Social), de manera que, por mucho que la ministra de Empleo lo repita, los pensionistas afrontarán el año con una pérdida del poder adquisitivo.
El Estado destina el 6.1% del PIB español a la banca
La ayuda pública que el Estado ha destinado a las entidades financieras españolas desde mayo de 2009 asciende a 61.366 millones de euros, lo que equivale al 6.1% del PIB español. Según el Banco de España, es la cifra que ha costado sanear los activos tóxicos de la banca española tras el impacto de la crisis subprime procedente de EEUU y se vincula con las necesidades de financiación exterior. De acuerdo a los datos del organismo regulador, BFA Bankia se ha llevado la mayor parte, casi un tercio del total de ayudas, que el mismo Ejecutivo de Rajoy ya ha dado por perdidas.
El resumen del modelo económico, en cifras de la deuda
El volumen de deuda que los hogares españoles tenían contraído con las entidades financieras alcanzó en julio 807.446 millones de euros, de los que 621.157, correspondían a préstamos para la compra de vivienda. Según datos del Banco de España, supone un 4.7 % menos que hace un año y el nivel más bajo desde marzo de 2007. La deuda de las empresas, por su parte, alcanzó en julio 1.082 billones, un 11.4% menos que en mayo de 2012 (cuando los 1.220 billones).
Una ciudad quebrada aspira a los Juegos Olímpicos
El sábado se elige la sede de los Juegos Olímpicos de 2020 y Madrid compite, por tercera vez consecutiva, por su organización. En esta ocasión compite con Tokio y Estambul y, según las casas de apuestas, es la que menos probabilidad tiene en estos momentos.
Más allá de la oportunidades y atractivos, Madrid acude a Buenos Aires con el aval de ser la capital de un país rescatado (aunque sea de forma parcial, según la propaganda del régimen), con seis millones de parados y pleno proceso de devaluación salarial, sometido a un programa de austeridad que se ha materializado en recortes del gasto público en partidas como sanidad y educación y que vive un proceso de salida de población, especialmente entre la más preparada.
Sin embargo, ni las evidencias ni la constatación de los problemas que la organización de los Juegos Olímpicos ocasionó a países como Grecia (hay quien sostiene que los JJOO de 2004 fue la guinda de la crisis económica del país) parece tener efecto en una clase política abrazada el proyecto (quién sabe si pensando en los beneficios que, a nivel personal, pudiera ocasionar alimentar a sus donantes) y a unos medios de comunicación que, en general, se muestran incapaces de señalar las consecuencias de esta elección.
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