Ciclo de protesta: Turquía, Brasil, Bulgaria y Egipto

Lo avisamos a finales de mayo, cuando los turco dieron la sorpresa y, a pesar de los datos macroeconómicos exhibidos por el Gobierno y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), demostró una fuerte contestación social a las decisiones adoptadas por el poder político que, a juicio de muchos, estaba cambiando la fisionomía del país, beneficiándose de una ausencia de oposición real capaz de disputarle el liderazgo.

Lo dijimos cuando, pocos días después, los brasileños tomaban la misma vía, la de la movilización social, para mostrar su rechazo a las políticas económicas del Gobierno del Partido de los Trabajadores, al que acusaba de corrupción, desprotección social y desconexión con su base, con olvido al proceso de democracia horizontal promovida por líderes como Lula da Silva y la propia presidenta del país, Dilma Rousseff.

Lo señalamos cuando, a pesar del silencio mediático, saltó la noticia de la protesta miles de ciudadanos de Bulgaria, que acusaron al gobierno entrante de corrupción a partir de la elección del responsable del espionaje del país. La movilización puso en evidencia el contraste entre el régimen y los deseos de una parte importante de la población de sondear una forma de democratización distinta, en la que primen argumentos como el servicio público o la responsabilidad política.

Sólo faltaba el golpe de Estado en Egipto para confirmar que parece que estamos en un ciclo de protestas, con elementos comunes (y la mayoría, distintos) en zonas geográficas del mundo dispersas aunque conectadas, que se completan con las protestas raciales en EEUU y que recuerdan a 1968 y, en menor medida, a los movimientos antiglobalización que cristalizaron durante el cambio de siglo.

Turquía, en movimiento

Casi dos meses después de las protestas en torno al parque Gezi y la plaza Taskim de Estambul, la movilización sigue en el país a pesar de la seguridad que exhibe el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y su partido, más preocupados por la pasividad de la comunidad internacional ante el golpe de Estado de Egipto, país aliado, que en sus enemigos interiores.

Un  tribunal de Estambul rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio de Cultura y Turismo sobre una decisión judicial anterior que obligaba a detener las obras de construcción de un cuartel militar de la época otomana en lo que ahora es Gezi hasta que se resuelvan los casos legales abiertos contra este plan. Otro tribunal ordenó cancelar todo el proyecto de reurbanización de la zona alrededor de la céntrica plaza de Taksim, proyectos urbanísticos que sirvieron para catapultar la protesta durante tres semanas.

La respuesta de Erdogan no tadó en llegar. El Parlamento, con mayoría absoluta del partido que sostiene al Ejecutivo, aprobó una ley para desposeer a la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía de la autoridad para «aprobar mapas, planes, estudios y proyectos urbanísticos», cortando así su principal fuente financiación.

Los portavoces del organismo hablaron abiertamente de una venganza por su oposición a los megaproyectos urbanísticos [el tercer puente, el aeropuerto de Estambul, la construcción de un canal artificial en el Bósforoy el proyecto de Estambul olímpico para 2020] y anunciaron quiénes serán los siguientse: «Que nadie dude de que la Unión de Abogados de Turquía y la Asociación Médica de Turquía son las siguientes». Ambos colegios profesionales se significaron durante la revuelta, como confirma la detención de abogados o la presencia de facultativos en los alrededores de las zonas en las que se registraron disturbios.

Aunque los focos de los medios de comunicación internacionales ya no están puestos en Turquía, sí se han registrado importantes novedades. El conglomerado que formaba el movimiento de protesta contra Erdogan ha seguido visibilizándose: por un lado, han seguido celebrando asambleas ciudadanas por distintos puntos de las grandes ciudades del país. Por otro, ha habido intentos simbólicos de llegar hasta Gezi de nuevo, intentos abortados por la policía. Este mismo sábado, periodistas españoles en Estambul, como Lluís Miquel Hurtado (‏@llmhurtado), contaron que la policía intentaba evitar una concentración de 60 ciudadanos, que intentan participar en una boda simbólica en el parque Gezi, símbolo de la protesta. La policía impidió la celebración del evento y terminó disparando cañones de agua contra viandantes que ni siquiera habían acudido a participar en la convocatoria.

Mientras, el Gobierno habría procedido a arrestar a los que se consideran instigadores de la protesta y se pone el foco en los militantes de organizaciones juveniles y de extrema izquierda, hinchas de equipos de fútbol, abogados progresistas e incluso personal sanitario que ayudó a los manifestantes durante la revuelta. Así, se cita la cifra oficial de casi 3500 detenidos, aunque probablemente en el futuro habrá nuevos datos. No en vano, el Gobierno pidió a Facebook y Twitter que colaboren con las autoridades turcas para facilitar datos de activistas que habrían llamado a la movilización, pètició que habrí asido aceptada por Facebook pero no por Twitter [si bien, después de filtrarse el sistema de espionaje masivo de EEUU y la mayoría de los países europeos, es más que probable que esta colaboración esté dándose, aunque sea fuera del foco de la opinión pública].

Brasil, en alerta roja ante la llegada del Papa

Es el código que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ha situado en torno a la visita del Papa. El país, que hace semanas concluyó la Copa Confederaciones, sigue registrando manifestaciones contra la corrupción y la elección de las partidas en las que se destina gasto público (en detrimento de educación, sanidad y medios de transporte). Durante los últimos días, ha crecido el malestar ante la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tendrán lugar en Río de Janeiro entre el 22 y 28 de julio en lo que será la primera visita oficial del Papa Francisco al país.

En los últimos días, se han podido seguir escenas de disturbios tras la huelga general convocada por los sindicatos de forma unitaria de apoyo a la protesta aglutinada por el movimiento O Gigante Acordou.

En Río de Janeiro, las protestas de esta última semana acabaron con la destrucción de mobiliario urbano y tiendas en Ipanema, la zona turística por antonomasia de la ciudad. De fondo, y a pesar de la menor movilización social activa, el descontento sigue. A las críticas por la inversiones en macroproyectos se suman ahora las protestas respecto el gasto que el país va a realizar en la promoción del evento bianual de la Iglesia Católica [el anterior tuvo lugar en Madrid, durante el verano de 2011, también contestado por los movimientos vinculados al 15M].

Según notas de la BBC, que cita datos del diario O Globo, por ahora se han admitido gastos de casi 73 millones de dólares relacionados con el evento. Sin embargo, los organizadores de la JMJ señalaron que el gasto total será finalmente de entre 143-156 millones de dólares, de los que se pretendía que el 70% fuera sufragado por peregrinos y donaciones. La experiencia en torno a la construcción de los macroproyectos deportivos hace sospechar que finalmente el gasto será mayor y que correrá a cargo de las arcas públicas.

Este lunes, por ejemplo, hay convocadas marchas en torno al puertas del Palacio de Guanabara, lugar elegido para la recepción del papa que protagonizarán el gobernador de Río, Sergio Cabral, y la presidenta del país, Dilma Rousseff, evento que estará fuertemente protegido por la policía.

Según informaron las autoridades brasileñas, se movilizará a 14.000 policías militares cada día en torno al evento, que no parece que vaya a catapulta la imagen del país, tal y como estaba previsto en la agenda de grandes eventos diseñado por el Gobierno del Partido de los  Trabajadores.

El poder ejecutivo trata de canalizar el malestar social, con promesas de mayores inversiones en políticas sociales y la reforma política. En este sentido, la presidenta de Brasil insistió en su idea de convocar un plebiscito para establecer las bases de una reforma política:  «Nosotros propusimos que hubiese una consulta al pueblo a través de un plebiscito, en el cual se expondrían las condiciones y se abriría un debate», aseguró. Según sondeos de Datafolha y del instituto MDA para la Confederación Nacional del Transporte, el 68% de los ciudadanos acepta la propuesta plebiscitaria del Gobierno

Los mismos sondeos, sin embargo, muestra el coste político que las movilizaciones siguen generando en la popularidad del Ejecutivo. Según un sondeo de la CNT/MDA, el Gobierno perdió en julio 23 puntos de popularidad  con respecto al mes de junio, cuando comenzaron las protestas. Sólo el 31.1% de los brasileños considera “buena” la gestión gubernamental (frente al 54,2% de junio) y llega al 29.5% el porcentaje de los que rechazan la acción de gobierno. En cuanto a la imagen de Rousseff, no hay duda: en junio apoyaban su gestión el 73.7% de los brasileños. Hoy lo hacen el 49.3%.

Otra encuesta, a cargo de Ibope y el diario Estado de Sao Paolo, el  41% de los brasileños votaría por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva si fuera candidato a las presidenciales de 2014, 11 puntos más que los que lograría Rousseff (30% de intención de voto, 28 puntos menos que la estimación de voto que esta misma empresa le dio el pasado mes de marzo). Aun así, la candidata del PT ganaría los comicios frente a Marina Silva, la candidata ecologista sin partido (22%), el socialdemócrata Aecio Neves (13%), y el gobernador del estado de Pernambuco, Eduardo Campos, del partido PSB (5%).

Bulgaria, 40 días de movilización

El martes se cumplen 40 días consecutivos de manifestaciones en el país, particularmente en Sofia, para pedir la dimisión del Gobierno, en el poder desde hace dos meses tras unas elecciones generales que ganó el partido conservador de Borissov (dimitido el pasado mes de febrero en protesta, dijo, por excesos policiales en protestas ciudadanas), que no logró formar gobierno. Socialistas y la minoría turca del Movimiento de Derechos y Libertades se enfrentan pues un movimiento que cristalizó contra la forma de selección de las elites del país pero que, a estas alturas, se postula como una oposición al régimen, que trata de buscar una salida que no pase por convocar nuevas elecciones.

Los manifestantes, que se definen como apartidistas y que se muestran muy críticos contra los medios de comunicación, a quienes se acusa de seguidismo con el Gobierno, vuelven a reclamar la dimisión del Gobierno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipada. En sus concentraciones,  exhiben un repertorio de acciones de desobediencia civil, en la línea de las movilizaciones que hemos visto en otros países: “¡Somos la libertad, la verdad y la vida! ¡Somos su jefe! Usted tiene que escucharnos”, se resume su argumentario, que acompañan con una combinación de los repertorios de  losmovimientos sociales tradicionales y posmodernos.

Un artículo de Maria Spirova  en Euronews daba una pista de quiénes son los que manifiestan: jóvenes,  conectados con el mundo, parte de una “ciudadanía activa”, que pudieron comparar la situación económica, política y social de su país  con el resto del mundo, con resultados nefastos para Bulgaria: nepotismo, anarquía en términos económicos, corrupción y condena a los jóvenes a la emigración, es decir, la misma situación que se ofertaba antes de la caída de Muro de Berlín, en 1989.

25 años después, muchos sienten que las cosas no han mejorado más que para una oligarquía que se expande por las instituciones políticas del país, una oligarquía que actúa como freno a las aspiraciones de los que no recuerdan cómo era el país antes de la descomposición de la URSS. Por si esto no fuera suficiente, su entrada en la UE como país miembro no ha hecho más que poner en evidencia los contrastes sociales de uno de los países más pobres de la UE a 28.

Sin embargo, la movilización se enfrenta con el reto de encontrar cauces institucionales en los que materializar la protesta. 40 días después, no hay ninguna formación política o grupo capaz de aglutinar el descontento, lo que se manifestará en el caso de convocarse finalmente elecciones anticipadas, una propuesta que, según el corresponsal de ABC en Sofíaen el país, no verían mal las cancillerías europeas, que sugieren que se aguante hasta después de las elecciones al PE antes de convocar a los búlgaros a las urnas.

Egipto confirma su fractura social

La comunidad internacional trata de normalizar la situación y, acorde a su doctrina de “el golpe de estado ocurrió porque a Mohamed Mursi le faltaba la legitimidad de las calles, aunque ahora toca mirar a futuro”, durante los últimos días aterrizaron en el país distintos representantes que, de esta forma, muestran su respaldo a la transición política en estos términos. Este sábado llegó a Egipto el rey Abdalá de Jordania, días después de que lo hiciera la responsable de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton. El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, desde la capital jordana admitió que la situación aún no está clara y pidió que se restaure cuanto antes el orden y la estabilidad en el país árabe.

John Kerry aún no había comprobado la capacidad de convocatoria de los Hermanos Musulmanes y asociaciones afines, reunidas en la Alianza Nacional por la Legitimidad, que, de nuevo, este viernes, convocó a los seguidores del presidente Mursi –aún en paradero desconocido- en El Cairo. Por segunda semana consecutiva, decenas de miles de personas volvieron a clamar contra el golpe de Estado y por la exigencia de restaurar al presidente del Partido de la Justicia y de la Libertad en el poder.

Las manifestaciones de partidarios y detractores de Mursi, concentrados en torno a la plaza Tahrir de El Cairo y en otras ciudades acabaron en enfrentamientos y con la muerte de al menos cinco personas.

Mientras tanto, en el terreno político, parece que se dan pasos hacía el cambio de régimen desde arriba. Durante esta semana, los Hermanos Musulmanes habrían mostrado sensibilidad por participar en el cambio, si bien públicamente se sigue argumentando a propósito de la legitimidad del gobierno interino.

Precisamente, este sábado, el presidente en funciones, Adly Mansur, decretó la creación de una asamblea de expertos legales para comenzar a enmendar  la Constitución del país, aprobada hace un año por una asamblea de mayoría islamista que resultó boicoteada por los liberales y sectores cristianos al entender que restringía los derechos humanos.

Israel y Palestina retoman el proceso de paz

Después de tres años estancado, EEUU anunció el nuevo intento de retomar el proceso de paz en Oriente Próximo, una jugada de carambola que aprovecha la situación creada en Egipto. Washington pretende aprovechar así la debilidad de los Hermanos Musulmanes, que tiene a algunos de sus líderes más destacados en prisión y que parece haber perdido el apoyo masivo de la sociedad egipcia, y lanzar un mensaje a Hamás, organización hermana de la Hermandad egipcia y que goza de un apoyo creciente en la sociedad palestina –especialmente en Gaza-. De esta forma, John Kerry mostró su apoyo al presidente de la ANP, Mahmud Abbas, que será el interlocutor palestino ante el diálogo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

A pesar de que las posiciones se muestran tan separadas como siempre –los palestinos vuelven a pedir que se discuta del futuro de la zona teniendo en cuenta el mapa anterior a 1967, algo a lo que se niega Tel Aviv-, Israel ya ha lanzado mensajes de  optimismo. El  Gobierno israelí anunció la liberación de prisioneros palestinos, entre ellos «pesos pesados», una exigencia formulada por el Gobierno palestino para reanudar las conversaciones de paz.