La teoría de las puertas giratorias

En los últimos años, en buena medida como un efecto del tsunami económico que cristalizó en 2007, los políticos y los partidos políticos aparecen como uno de los tres problemas más importantes para los ciudadanos, tal y como arrojan todos los meses los barómetros del CIS.

Si unimos este dato a la percepción de la corrupción que arrojó el sondeo de Metroscopia que publicó El País el domingo pasado, con un 96% que asegura percibe altos grados de corrupción política y con un 95% que opina que los partidos amparan a los suyos cuando saltan casos de corrupción en sus filas, tenemos una buena explicación de la sima que separa a los ciudadanos de sus representantes políticos, que se percibe como una partitocracia que pasa a ser un problema y no un instrumento para modular la participación política y, por ende, la convivencia y el conflicto político y social.

Sin embargo, de lo que vamos a hablar en este post no es tanto de casos de corrupción sino el trasvase de políticos a la empresa privada, una práctica muy común en EEUU, generalizada a partir de la desregulación y privatización de los servicios públicos a partir de las administraciones de Ronald Reagan, y que se conoce como la teoría de las puertas giratorias.

Nos referimos al paso de políticos en activo a la empresa privada cuando abandonan su cargo y viceversa, una práctica que al final se traduce en una connivencia entre el poder político y la empresa privada -muy claros en la celebración de las Cumbres iberomericanas impulsadas desde los Gobiernos de Felipe González con los Estados de Iberoamérica o en las ferias económicas que se celebran en todo el mundo, a la que acuden delegaciones de empresarios y los miembros del Gobierno del ramo-. De fondo, este tipo de actuaciones alimentan sospechas de un trabajo ejecutivo y legislativo encaminado a favorecer a empresas privadas que puedan garantizar un retiro dorado cuando se abandona la primera línea de la política activa.

Hablamos, en cualquier caso, de prácticas que permiten cumplir con la Ley de incompatibilidades, que prohíbe la participación de ex políticos en actividades profesionales vinculadas con el ejercicio de su cargo durante los dos años posteriores al abandono de su cargo, como marca el art. 12 de la Ley [Ver normativa completa en el siguiente enlace: http://cort.as/3BV1]

El arranque del año ha traído estimaciones demoscópicas que coinciden en el tiempo con informaciones sobre la connivencia entre poder político y empresa privada que no sólo han supuesto un escándalo público sino que, según el caso, ha obligado a la rectificación:

• Sabemos del conflicto sanitario que se vive en la Comunidad de Madrid desde que el delfín de Aguirre anunció la privatización de la gestión de hospitales públicos y de ambulatorios. Estos días se conoció que el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, había sido fichado en el Consejo de Administración de Unilabs, empresa que se ha quedado con la gestión de los análisis clínicos de los hospitales privatizados por la CAM. Tras la polémica suscitada estos días Güemes, anteriormente niño bonito de Esperanza Aguirre, anunció su renuncia y dejó a los pies de los caballos a la Defensora del Pueblo, que no vio ningún problema en este fichaje, y de Ignacio González, que horas antes del anuncio defendió la legalidad del fichaje de Güemes; cuando se supo de la renuncia, calificó de «muy razonable» la decisión del marido de la diputada del PP por Castellón Andrea Fabra, hija de su padre que pasó a la historia por gritar «que se jodan» en el Congreso de los Diputados cuando Rajoy anunció un recorte en la prestación por desempleo. Güemes, que seguramente ya habrá cobrado la comisión correspondiente por favorecer el negocio de Unilabs con el departamento que dirigió hasta 2009, explicó que su decisión se debe a que cree «haber perdido algo de libertad en la defensa» de sus ideas y de sus «profundas convicciones en apoyo a la colaboración público-privada». En el fondo, la impresión de que la empresa decidió sacrificar su fichaje para eludir la presión social.
• La noticia llegó días después de conocerse que Esperanza Aguirre, que dimitió como presidenta de la CAM el pasado mes de septiembre para retomar su puesto de funcionaria en el Ministerio de Industria, abandona su cargo para fichar por la empresa de cazatalentos Seeliger y Conde, una «firma especialista en búsqueda y desarrollo de talento directivo», puesto que compatibilizará con su cargo como presidenta del PP de Madrid, decisión que ha respaldado la plana mayor de su partido, que no ve, al parecer, problemas, en esta confluencia de intereses público y privados.
• Los fichajes de Güemes y Aguirre confirman que algo ocurre con el PP de Madrid y llegan después de conocerse que Rodrigo Rato, imputado por el ‘caso Bankia’ será consejero de Telefónica, la misma empresa pública privatizada cuando él era vicepresidente económico en el primer mandato de José María Aznar y que parece que le devuelve el favor de las condiciones ventajosas con la que el Gobierno entregó una empresa pública rentable a un consejo de administración compuesto por amigos de aquel Ejecutivo, como Villalonga o el propio César Alierta.

Los tres dirigentes del PP de Madrid son los últimos en sumarse a una práctica reciente en el caso de la política española. Uno de los primeros protagonistas del trasvase a la empresa privada fue Rafael Arias Salgado, ex ministro de Fomento fichado por Carrefour en plena expansión de la multinacional francesa en nuestro país.

Desde entonces, no han dejado de sucederse fichajes de ex miembros del Gobierno, comenzando por los ex presidentes Felipe González y José María Aznar, por Gas Natural y Endesa, respectivamente, y de una suerte de ex ministros, como figura en la siguiente recopilación realizada por @acampadasol y que pone en evidencia una realidad: de la ristra de ministros y presidentes del Gobierno sólo una, Cristina Garmendia, posesía una trayectoria laboral previa a su paso a la actividad pública. El resto ha construido su carrera profesional a partir de sus puestos de funcionarios públicos y / o representantes políticos.

A esta lista hay que sumar el paso de personas de segundo nivel a la empresa privada, como Luis de Guindos (responsable de Lehman Brothers para Europa cuando dejó su cargo de secrestario de Estado de Economía);  el marido de María Dolores de Cospedal (consejero en eléctricas inmersas en nacionalizaciones de Bolivia y empresas con intereses en la privatización de la sanidad); el marido de Soraya Sáenz de Santamaría (fichado por Telefónica);  David Taguas (responsable de la Oficina Económica de La Moncloa en tiempos de Zapatero y fichado por la patronal de la construcción); Javier de Paz, amigo personal de Zapatero y consejero de Telefónica; o Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, filial de Repsol, desde 2008.

Hace unos meses se supo que el Gobierno había encargado un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para adoptar medidas dirigidas a la regeneración de la política para paliar la creciente desafección ciudadana ante los políticos y los partidos políticos. Sorprende que sean los mismos que ven normal esa connivencia entre el poder político y empresas privadas y que confirman, de esta manera, que no comprenden:

• Que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo y que una decisión puede ser legal, en cuanto a que cumple escrupulosamente con la Ley, pero éticamente reprobable.
• Que la supervivencia de la democracia se cimenta sobre el compromiso ético de una cultura política fundamentada en la excelencia, en la necesidad del compromiso por el bien público por parte de quienes asumen un papel activo en política
• Que habría que reformar la Ley de Incompatibilidades, para evitar casos como el de Elena Salgado (fichada por la filial de Endesa en Chile para eludir la normativa española) y para acabar con la sensación de que favores mutuos que impregna la vida política española desde la segunda mitad de la década de los años 90. No es casualidad que se hayan multiplicado estos casos al calor de la privatización de empresas públicas, que se gestionan como un cortijo de reparto de cartas y beneficios mutuos, valiéndose de su papel privilegiado en la economía española y, según el caso, de la existencia de un mercado cuasicautivo en la prestación de servicios como la telefonía o el suministro eléctrico.
• Que muchas de las empresas en las que recalan los ex dirigentes políticos españoles forman parte de listas con cuentas opacas en paraísos fiscales, por las que no tributan lo que deberían en el país.
• Que hay que repetir hasta la extenuación que no es obligatorio dedicarse a la actividad pública. Se supone que los partidos políticos actúan como herramientas de selección de elites, y que sus cúpulas están conformadas por los más solventes (por mérito, capacidad o conocimiento de la materia) y no por quienes mejor colocados están en las estructuras partidistas.
• De acuerdo a esta lógica, se da por supuesto que quien decide ofrecerse como cargo político lo hace es porque antepone el servicio público por encima de sus intereses particulares y de organización. Lo que se está conociendo en los últimos tiempos plantea dudas, y razonables, ante la legitimidad de los cargos para adoptar decisiones políticas en interés general, sobre todo cuando éstas implican a sectores estratégicos que podrían ficharlos cuando abandonen el cargo. Lo que está ocurriendo en la sanidad de Madrid o lo que antes se vivió en la sanidad catalana confirma cuán difusas son las distancias entre el interés general y el interés particular.

¿Alguien que entra en política debe quedar invalidado para ejercer un cargo profesional cuando abandone su actividad pública? Ni mucho menos. Lo que destacamos es la existencia de evidencias de que buena parte de los políticos españoles que han hecho carrera en la empresa privada tras abandonar sus responsabilidades carecían de una carrera profesional previa en la empresa privada. Parece evidente, de esta forma, que muchos de los nombres referidos han usado, precisamente, su paso por la política para construir su carrera profesional en la empresa privada, y este punto es el que resulta reprobable y condenable desde el punto de vista ético -aunque, como hemos visto, sea legal-.

No se niega la legitimidad de quienes abandonan la pollítica en activo a reconducir sus carreras profesionales, pero existen diferncias entre quienes la reconducen en empresas privadas afectadas por decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros y consejos de gobierno de las CCAA o entre quienes prosiguen su trayectoria en sectores públicos. Aunque se quiera identificar comportamientos, no es lo mismo pasar a engrosar el consejo de administración de Gas Natural que dedicarse a la vida académica (como hizo Rubalcaba cuando abandonó la política en 1996) o pasar al Consejo de Estado (como Rodríguez Zapatero o Fernández de la Vega).

Tener que explicar esta diferencia ruboriza y pone en evidencia el grado de corrupción social al que estamos llegando, con dirigentes políticos que no se inmutan ante comportamientos éticamente reprobables y que, como Esperanza Aguirre, lanza órdagos en sus declaraciones cuando se duda del hecho de que compatibilice su cargo como presidenta del PP de Madrid con su actuación en una empresa de cazatalantos, que se puede beneficiar de los contactos que la propia ex presidenta de Madrid realice en una organización constitucionalmente reconocida.